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divendres, 9 de maig de 2008

La Fundación Nueva Cultura del Agua pide una moratoria de las obras del trasvase del Ebro a Barcelona y la reevaluación pública y continua de...


La Fundación Nueva Cultura del Agua pide una moratoria de las obras del trasvase del Ebro a Barcelona y la reevaluación pública y continua de la situación actual, y de las medidas para paliar la sequía
La organización considera que los recursos aportados por las últimas lluvias obligan a reevaluar la situación y analizar otras posibles medidas a adoptar a través de una Comisión técnica en el seno de la Mesa Nacional de la Sequía. Se evaluaría en particular si estas nuevas aportaciones de recursos llevan a reconsiderar la precipitada y no participada extensión temporal del trasvase Ebro-Tarragona a Barcelona, pudiendo evitar así un importante despilfarro económico.
La Agencia Catalana del Agua ha venido desarrollando en las Cuencas Internas de Cataluña una política de aguas de concepción avanzada y coherente con la Directiva marco del agua. La Fundación Nueva Cultura del Agua ha cooperado con la Agencia en convenios de colaboración y a través de mesas de debate sobre los distintos problemas del agua en Cataluña.
La Agencia se enfrenta actualmente a una sequía excepcional o extraordinaria, la más severa desde que se tienen datos fiables, y por ello difícilmente previsible. De hecho si la sequía se hubiera producido un año más tarde no existiría el actual problema debido a la incorporación de agua desalada de la desalinizadora del Prat, actualmente en construcción.
No obstante, desde 2007 la Agencia mantiene una evaluación continua de la situación y la incorporación sucesiva de distintas medidas para paliar sus efectos. Las medidas se han graduado considerando su eficacia y costes y se han aplicado exigiendo a los Ayuntamiento una planificación de emergencia, realizando campañas de sensibilización y ahorro, adoptando restricciones en determinados usos, recuperando captaciones de aguas subterráneas en desuso y abriendo nuevas, acelerando el proceso de construcción de la desalinizadora del Prat, reutilizando las aguas residuales regeneradas y otras medidas menores. Además ha previsto para el caso de que se prolongue la sequía medidas excepcionales como son el transporte de agua por barco y, si no fuera suficiente con ello, la realización de un trasvase temporal desde la demarcación hidrográfica del Ebro.
La Fundación ya expresó que esta última medida sólo cabría aplicarse en casos de sequía extrema y limitada a la emergencia, si se había seguido una gestión de aguas sostenible y se habían adoptado antes todas las alternativas viables, y a condición de que no se realizasen extracciones adicionales del río Ebro.
Los Gobiernos de Cataluña y España acordaron la extensión de la infraestructura del llamado minitrasvase del Ebro-Tarragona a Barcelona para que de forma temporal se pudieran paliar los efectos de la sequía. Fruto de este acuerdo el Gobierno de España aprobó el 18 de abril de 2008 el Real Decreto 3/2008. Esta norma otorga tres autorizaciones como medidas excepcionales y urgentes: Autoriza a destinar a Barcelona los caudales del minitrasvase (Ley 18/1981) prohibiendo la afección de los caudales efectivamente utilizados por el Consorcio de Aguas de Tarragona, la superación del volumen máximo (4m3/s y 50 hm3/año) y la utilización de los caudales para otros fines o ámbitos territoriales. Autoriza al Gobierno de Cataluña a la obtención de caudales a través de cesiones de derechos. Y autoriza la realización de una nueva infraestructura denominada «Conducción CAT-ATLL (Tarragona – Barcelona)».
A través de las declaraciones públicas del Gobierno de Cataluña, el Gobierno de España y de la Federación de regantes del Ebro se han avanzado algunos detalles más sobre esta medida. Se ha asegurado que los caudales a trasvasar procederán del ahorro voluntario de los regantes, pero no se han concretado los términos y condiciones en que se obtendrán tales ahorros. La infraestructura será permanente y reversible, permitiendo llevar caudales en sentido contrario hacia Tarragona.
La Fundación Nueva Cultura del Agua considera que en la situación actual no está suficientemente acreditado que esta medida sea la «última opción» para evitar posibles cortes en el suministro domiciliario en Barcelona, máxime cuando las últimas lluvias han alejado unos meses el riesgo de tales cortes, abriendo oportunidades para el estudio de otras posibles medidas. Pudiendo evaluar si las nuevas aportaciones de recursos llevan a reconsiderar las obras autorizadas y permiten evitar así un importante despilfarro económico.
Igualmente, la Fundación considera que tampoco se ha garantizado de forma suficiente el carácter excepcional y de emergencia de esta actuación, pues no se ha limitado de forma expresa su incorporación como un elemento estructural al sistema de abastecimiento de Barcelona.
Además, no se ha garantizado su inocuidad ambiental ya que los volúmenes trasvasables se pretenden extraer de supuestos ahorros voluntarios en el consumo agrario del conjunto de la demarcación del Ebro, sobre el que la propia Administración tiene un escaso conocimiento y control.
En suma, la Fundación, aunque reconoce la labor realizada por la Agencia Catalana del Agua en la aplicación de una política de aguas sostenible, no puede aceptar la ejecución de esta medida, ni en la forma en la que el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña la han adoptado, ni en la manera en que pretenden aplicarla.
La Fundación se reafirma en la posición que mantuvo en el acto de constitución de la Mesa Nacional de la Sequía celebrado el pasado 28 de abril, solicitando el establecimiento de una moratoria de las obras de un mes y la creación de una Comisión técnica para realizar una evaluación participada y continua de la situación, y de las posibles medidas a adoptar. La participación de todas las partes interesadas en la toma de decisiones es una condición esencial en la Nueva cultura del agua que se hace imprescindible en una cuestión tan sensible como los trasvases. El Gobierno de Cataluña no debe frustrar la confianza que hasta ahora se había depositado en su política de aguas sostenible y participativa. En este momento decisivo, la información y la participación se ha planteado de forma tardía e insuficiente en la Mesa Nacional de la Sequía, una vez se había adoptado la decisión clave.
Por otra parte, es necesario recordar que este episodio inmediato y excepcional de sequía debe llevar a las Administraciones y a los ciudadanos a reflexionar sobre la sostenibilidad general de la política de aguas y su integración en las políticas sectoriales que determinan nuestra vulnerabilidad en los períodos de sequía.
La ordenación del territorio y urbanística no debe realizarse a espaldas de la sostenibilidad ambiental en general y a las disponibilidades de agua, en particular. La zona metropolitana de Barcelona ha crecido de forma continua y ha sometiendo a las cuencas hidrográficas sobre las que se asienta a un alto grado de estrés hídrico que hace a la población más vulnerable a las sequías.
Si el Gobierno de Cataluña quería ser coherente con la política llevada por la Agencia Catalana del Agua, debería haberlo mostrado adoptando medidas de carácter general, como la revisión de la ordenación territorial y urbanística para procurar su sostenibilidad y adaptación a las disponibilidades de agua, o la revisión de la viabilidad ambiental de los proyectos de ampliación de regadío como el Canal Segarra-Garrigues y Xerta-Sénia.
Se ha de recordar, además, que los trasvases en general no se pueden considerar una medida sostenible de la política de aguas. No es aceptable que se pretenda justificar la realización de nuevos trasvases amparados en apelaciones genéricas a la «igualdad», cuando los territorios para los que se reclaman no presentan riesgos de cortes de abastecimiento doméstico, ni constituyen ningún ejemplo de aplicación de una política de aguas sostenible, ni pretenden medidas temporales y puntuales, sino aportaciones continuas y estructurales de agua con fines distintos al aseguramiento del suministro a la población. En este sentido, no se encuentra justificación alguna a la declaración de aplicar esta medida a situaciones similares en el Real Decreto Ley 3/2008.
En definitiva, la Fundación lamenta que el trabajo de cuatro años de la Agencia Catalana del Agua se vea ensombrecido por esta decisión de un trasvase en las condiciones mencionadas y que el debate sobre las posibles restricciones de agua doméstica a la región de Barcelona, no haya servido para avanzar no solamente en una Nueva Cultura del Agua, sino en un nuevo modelo de sostenibilidad ambiental y territorial tal como demandan diferentes actores del territorio, tanto en el Ebro, como en la zona del Urgell o en el Bajo Ter.
En cualquier caso, la Fundación considera que el Gobierno de Cataluña todavía está a tiempo de someter la decisión del trasvase a una participación transparente, siempre que en la próxima Mesa Nacional de la Sequía se acuerde una moratoria en la ejecución de las obras que ofrezca confianza pública de que la consulta puede servir para reconsiderar la decisión adoptada.

Font: Narcís Prat

(El professor Narcís Prat, que és membre del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, ha tramés per email el document que reproduïm, acompanyat de la següent nota: "Us adjunto el document que farà públic la FNCA per tal que en feu difusió si us sembla adient. Ja està enviat a la premsa.")