Pervivencia del franquismo judicial

Lo procedente será reconocer que este país tiene un problema no resuelto en su sistema judicial, denunciar la pervivencia -en determinadas instancias- de un franquismo judicial que trata de amparar, con argucias formalistas, la apariencia de “normalidad forense” de unos personajes que -togados y no togados- envilecieron el nombre de la Justicia al servicio de la represión.

Parece que en España algo quedó a medio hacer, o se hizo mal, en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, en relación al sistema judicial, a este tercer poder clave para determinar la calidad y buena salud democrática del Estado social y democrático de derecho. En estos últimos meses se están poniendo de manifiesto, de forma descarnada, muchos malentendidos -o sobreentendidos- en relación a la legalidad -formal- y legitimidad -social y política- del entramado judicial de excepción -primero- y “especial” -después- puesto en pie por la Junta militar rebelde durante la guerra civil de 1936-39 y los sucesivos gobiernos del dictador Francisco Franco a golpe de Bandos, Decretos-Ley, Leyes de legislador único y expedientes de depuración, sin otra legitimación que la fuerza de las armas ni otra aspiración que la aniquilación y la venganza del “enemigo interior”.

La sociedad española asiste con incredulidad a una serie de pronunciamientos judiciales -y fiscales- en torno a cómo aplicar la Ley de Memoria histórica, ante las lógicas peticiones de revisión de Sentencias condenatorias de personas a las que el Gobierno solemnemente ha reconocido que fueron injustamente encarceladas o ejecutadas por Tribunales ilegítimos; o en torno a las resoluciones del Tribunal Supremo que dan pábulo a las denuncias falangistas contra el Magistrado Garzón, acusándole de prevaricar por el simple hecho de abrir diligencias, a instancia de partes legítimas, para averiguar el paradero de los desaparecidos a causa de la represión en el bando franquista; con la paradoja de que se trata de acallar la acción judicial al amparo de una -cuando menos- sesgada interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 como “ley de punto final” que ampare el olvido de las víctimas, evite la localización de sus cuerpos y la reparación de su honor y memoria familiar, a la par que se esquiva el juicio de responsabilidad moral de sus asesinos e inductores.

Ya antes de la Ley de Memoria Histórica se habían dictado resoluciones del Tribunal Supremo, específicamente de su Sala de Justicia militar en las que, como si estuvieran fuera del tiempo y del espacio, con la asepsia de la sábana que tapa el cuerpo del delito, se invocaron argumentos formalistas relativos a la -al parecer- inexistencia de “nuevos hechos relevantes”que pudieran hacer necesaria la reconsideración de lo “juzgado” en su día, por Tribunales indignos de llamarse de justicia, para denegar la revisión de Juicios sumarísimos que condenaron de forma injusta, alevosa y sin respetar los mínimos principios de un proceso penal digno de tal nombre, a personas tan significativas como Joan Peiró, líder sindical ejemplar, ministro de Industria de la República, que se opuso de forma pública y valiente a los desmanes de los incontrolados en los primeros días de la guerra civil en Cataluña (inexcusable la lectura de su recopilación de artículos “Perill a la reraguarda”) y que salvó a cientos de personas.

Sin pasar por alto, ya puestos, el que todavía el Tribunal Supremo no haya hecho un reconocimiento solemne de la dignidad y honorabilidad de los cientos de Jueces y Magistrados que fueron aparatados de sus carreras, degradados o ejecutados por no dar amparo con su Toga a la Rebelión, o por negarse a Juzgar y condenar por rebeldes a las autoridades legítimas.

Ante este panorama en la dehesa judicial, el Fiscal General del Estado, asistido de su Junta de fiscales, ha optado por denegar la petición de la Generalitat de Catalunya -amparada por la Fiscal Jefe de esta comunidad- de promover la correspondiente revisión del Juicio que condenó a muerte al President mártir Lluís Companys, con el singular artilugio de atribuir a la Fiscalía del Estado una inexistente facultad de declarar NULA la Sentencia, cosa que la Ley no hace directamente, ni mucho menos le atribuye al Fiscal. Es más que probable que el Fiscal del Estado haya tratado así de evitar un nuevo bochorno judicial, en previsión de un pronunciamiento de la Sala Militar del Tribunal Supremo que, ignorando la expresa e individualizada declaración por parte del Gobierno -y en aplicación de la Ley- de ilegitimidad y de falta de todo atisbo de justicia material en la Sentencia que le condenó.

Llegados a este punto hay que recordar que en a ley 52/2007 de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, no se contiene -por desgracia- ninguna declaración expresa y de directa aplicación de NULIDAD de pleno derecho de las Sentencias dictadas por los Tribunales de excepción y especiales -de todo tipo: militares pero también civiles, no olvidemos al fatídico Tribunal de Orden Público-, ni mucho menos la ley (ya sea la de Memoria histórica, ya la 50/81 del Estatuto orgánico del Ministerio fiscal -artículos 3 a 5- faculta al Ministerio Fiscal para que “por si y ante si” pueda otorgarse la facultad de declarar -como se hace en el Informe de su Secretaria técnica de 22 de marzo de 2010- que las sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Barcelona en fecha 13 de diciembre de 1939 y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales en fecha 14 de octubre de 1940 relativas al Presidente de la Generalitat de Cataluña D. Lluis Companys i Jover son nulas de pleno derecho por aplicación directa de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre”.

No deja de ser significativo que para justificar tal atribución el Fiscal General invoque la legislación dictada en Alemania y en Austria que -esas sí- declaran la anulación de los juicios injustos nacionalsocialistas, dejan de forma expresa sin eficacia jurídica las sentencias dictadas y preven un procedimiento claro de reconocimiento. Cuando en la tramitación de la Ley española de Memoria histórica se rechazaron las enmiendas que iban en tal sentido, presentadas entre otros por los diputados d’IU y ICV, se argumentó que con las declaraciones de reparación individualizadas y el reconocimiento de la ilegitimidad e injusticia de las Sentencias, se abriría el camino a los procesos de revisión que ahora el Fiscal General no quiere abordar.

Si así lo cree el Ministerio Fiscal, y no le faltan razones para ello, procede reclamar del Tribunal Supremo dicha declaración expresa -por la vía declarativa o revisora que mejor proceda-. Y si se teme que el Alto Tribunal opte por amparar con argumentos formales cualquier apariencia de legalidad formal o de justicia material de los Tribunales Militares y Especiales instrumentados por la Dictadura, entonces lo procedente será reconocer que este país tiene un problema no resuelto en su sistema judicial, denunciar la pervivencia -en determinadas instancias- de un franquismo judicial que trata de amparar, con argucias formalistas, la apariencia de “normalidad forense” de unos personajes que -togados y no togados- envilecieron el nombre de la Justicia al servicio de la represión más allá -en el espacio, pero también en el tiempo- de las violencias del campo de batalla. Y si así se evidencia, entonces deberemos regresar al ejecutivo y al legislativo -y también al Consejo General de Poder judicial- para que se adopten las medidas que procedan para dejar de una vez por todas que los instrumentos “judiciales” de represión política de la dictadura franquista no fueron sino una burda manipulación del nombre de la Justicia, sin ninguno de sus atributos.

Salvador Milà i Solsona - Diputado del grup ICV-EUiA del Parlament de Catalunya.

Font: nuevatribuna.es

La sentència contra l'estatut obre una nova era política a Catalunya

El constitucional espanyol anul·la 14 articles i en reinterpreta 27, desvalora la definició de Catalunya com a nació i hi introdueix vuit vegades la 'indissoluble unitat d'Espanya'

Fins al setè intent el Tribunal Constitucional espanyol no ha dirimit els recursos presentats pel PP i pel Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Mugica. La sentència infligeix a l'estatut una tercera i definitiva retallada. Però, sobretot, la sentència qüestiona el pacte constitucional de la transició i la possibilitat d'un encaix del Principat dins l'estat espanyol.

Amb això la sentència obre una nova era política a Catalunya, on des d'ara serà molt difícil d'invocar el pacte constitucional que va donar pas a la transició i el pacte no escrit segons el qual Catalunya s'avenia a formar part de l'estat espanyol per consolidar el desenvolupament de l'estat de les autonomies. L'abast de les retallades és d'una dimensió tan gran que allò que perilla és la confiança constitucional, tant per la ideologia subjacent de la sentència com, sobretot, pel mètode amb què s'ha dictat, en contradicció amb la  triple legitimitat del Parlament de Catalunya, de les corts espanyoles i del referèndum.

Aquesta és una anàlisi urgent de les retallades, amb alguns aspectes no concrretats, perquè la sentència encara no és pública, sinó solament el veredicte.

Nació, sense valor jurídic

Els canvis d'última hora fets per la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emília Casas, al seu esborrany de sentència sobre l'estatut de Catalunya n'ha permès l'aprovació, quatre anys després d'haver-se presentat els recursos contra el text. S'ha votat l'estatut en quatre blocs diferents, i tots han estat aprovats: el preàmbul, els articles inconstitucionals, els articles constitucionals però reinterpretats i els articles no tocats. La sentència encara no s'ha fet pública, però sí el veredicte.

Un acord entre la presidenta del TC, María Emília Casas, i el magistrat Manuel Aragón, per deixar clar que el preàmbul de l'estatut i la seva referència a la 'nació' no té gens de validesa jurídica, ha fet prosperar la sentència redactada per Casas, que declara inconstitucionals 14 articles i en reinterpreta 27. Aragón ha votat amb el sector dit conservador en aquest punt, que s'ha aprovat per sis vots (els conservadors i Aragón) a quatre (els anomenats progressistes). Els blocs dels articles constitucionals i els sotmesos a interpretació s'han aprovat per sis vots (els progressistes i el conservador Jiménez) contra quatre de l'ala dreta. El dels inconstitucionals per vuit a dos.

Retallada del poder judicial català

El text toca de manera molt particular els articles de l'estatut dedicats a la justícia. El Títol III de la carta catalana havia estat recorregut gairebé dell tot, i l'Alt Tribunal ha tombat parcialment o totalment sis dels quinze articles, principalment els que dotaven de competències el nou Consell de Justícia de Catalunya, que havia de ser presidit pel president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A més, el segon apartat de l'article 95, que indica que el TSJC és l'última instància judicial a Catalunya, haurà de ser interpretat segons les indicacions del TC.

Aquest punt, concretament, diu que el TSJC és l'última instància jurisdiccional 'de tots els processos iniciats a Catalunya' i de tots els recursos que es tramiten en el seu àmbit territorial, 'sigui quin sigui el dret invocat com a aplicable', sempre d'acord amb la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), i sense perjudici de la competència del Tribunal Suprem per a unificar doctrina. La LOPJ ha de determinar l'abast i contingut dels recursos.

Dels apartats 5 i 6 d'aquest article 95 se'n suprimeix 'amb la participació del Consell de Justícia de Catalunya' (en el nomenament del president del TSJC i dels presidents de sala del TSJC). Per tant, els nomenaments seran a proposta exclusiva del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), d'acord amb la LOPJ.

El Consell de Justícia de Catalunya (CJC) és definit a l'article 97 com un 'òrgan del poder judicial a Catalunya' i actua com un 'òrgan desconcentrat' del CGPJ. L'article s'ha anul·lat totalment.

L'article 98, que en defineix les atribucions, també s'ha modificat greument: se n'han anul·lat cinc dels  nou subapartats: participació del CJC en la designació del president del TSJC, dels presidents de sala del TSJC i dels presidents de les audiències provincials, funció inspectora i disciplinària o proposta al CGPJ del nomenament o cessament de jutges i magistrats.

Fins i tot s'ha anul·lat l'apartat 3 d'aquest mateix article, que estableix que les resolucions del CJC sobre nomenaments, autoritzacions, llicències i permisos s'hauran d'adoptar d'acord amb els criteris del CGPJ.

Sobre el Consell de Justícia, en l'article 99, el TC prohibeix que es digui que el president del TJSC presideix aquest òrgan de nova creació, i en l'article 100 elimina l'apartat que dictamina que els actes del CJC són impugnables davant el CGPJ, 'llevat que hagin estat dictats en exercici de competències' autonòmiques.

Per últim, s'anul·la parcialment l'article 101, i per tant, el CJC tampoc no podrà convocar concursos per a cobrir places vacants de jutges i magistrats i la Generalitat no podrà proposar-li la convocatòria de places de jutges o fiscals.

Retallades contra el català com a llengua preferent de l'administració i els mitjans

El Tribunal Constitucional ha decidit anul·lar 'l'ús preferent' del català per les administracions públiques i pels mitjans de comunicació públics. Per una majoria de vuit vots a favor i dos en contra, els magistrats han retocat l'article sis de l'estatut, dedicat a la llengua oficial de Catalunya. El text establia que la llengua pròpia era el català i, com a tal,  'llengua d'ús normal i preferent' de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació. Ara els magistrats han declarat inconstitucional l'adjectiu 'preferent', però no que el català sigui la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.

La sentència declara en l'apartat de drets i deures dels ciutadans, que hi ha quatre articles que no són inconstitucionals, 'sempre que s'interpretin en els termes establerts en el corresponent fonament jurídic que s'indica'. En aquesta situació es troba l'apartat 5 de l'article 33, que es refereix al fet que els ciutadans de Catalunya 'tenen el el dret de relacionar-se per escrit en català amb els òrgans constitucionals i amb els òrgans jurisdiccionals d’àmbit estatal, d’acord amb el procediment establert per la legislació corresponent'.

També deixa subjecte a interpretació l'article 34, que diu que 'totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuàries o consumidores de béns, productes i serveis'. En igual situació es troben els apartats 1 i 2 de l'article 35, que estableixen el dret dels ciutadans de Catalunya a rebre l'ensenyament, també l'universitari, en català. Això mateix passa amb l'apartat cinquè de l'article 50, que fa: 'La Generalitat, l’administració local i les altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis han d’emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells.' La interpretació final d'aquests articles no se sabrà fins que no es publiqui el contingut complet de la sentència.

Retallada a les vegueries

Entre els articles que seran sotmesos a interpretació en els fonaments jurídics de la sentència, que es farà pública un dia d'aquests hi ha el 90, que recull la definició de vegueria com a 'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local' i amb 'personalitat jurídica pròpia'.

De la mateixa manera, la vegueria és considerada pel text de l'estatut com 'la divisió territorial adoptada per la Generalitat per a l'organització territorial dels seus serveis', de manera que, 'com a govern local, té naturalesa territorial i gaudeix d'autonomia per a la gestió dels seus interessos'.
També seran sotmesos a interpretació els articles 91.3 i 91.4, que estableixen que els consells de vegueria 'substitueixen les diputacions' i en regulen la  'creació, modificació, supressió, i el desenvolupament del seu règim jurídic', a través de lleis aprovades pel parlament. 'L'alteració, en el seu cas, dels límits provincials es portarà a terme conforme a allò previst a l'article 141.1 de la Constitució', segons l'estatut.

Retallada de les competències d'immigració

El Constitucional ha qüestionat també les competències d'immigració que atorga l'Estatut de Catalunya, en quedar incloses a l'apartat de 23 articles sotmesos a interpretació del fonament jurídic de la sentència. L'article 138 de l'estatut atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de primera acollida i integració d'immigrants, desenvolupats en la recent aprovada llei d'acollida, i la competència executiva per a l'autorització de permisos inicials de treball als estrangers a Catalunya, que el govern va assumir l'octubre del 2009.

Així, l'estatut preveu que el govern català tramiti i resolgui els permisos inicials de treball per compte propi o d'altri, i els recursos presentats en relació amb els expedients. 'El govern espanyol s'encarrega dels permisos de residència i de la renovació dels permisos de treball', han recordat avui a Europa Press fonts de la Conselleria de Treball.

En matèria d'acollida, el parlament va aprovar el 28 d'abril la llei que concreta les competències de la Generalitat establertes per l'estatut en matèria d'immigració i atorga a la Generalitat el poder per fer l'informe previ a l'expedició dels certificats d'arrelament social que permeten la regularització d'immigrants.

El text també estableix el català com a 'llengua comuna' de la integració d'immigrants. L'estatut assenyala que correspon a la Generalitat la participació en les decisions de l'estat sobre immigració que tinguin una transcendència especial per a Catalunya i, en particular, la participació preceptiva prèvia en la determinació del contingent de treballadors estrangers.

Retallada de l'abast de les competències exclusives

La sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'estatut reinterpreta alguns dels articles referents a les competències de la Generalitat. En aquest sentit, dos dels apartats que parlen d'aquestes normes sobre les quals té capacitat exclusiva l'administració catalana, es reformulen profundament després del veredicte de l'Alt Tribunal. Els articles 110 i 112, afectats per aquesta reinterpretació, diuen que les lleis i la matèria legislativa de la Generalitat sobre aquestes matèries és la que prevaldrà sempre sobre qualsevol altra norma.

Però la sentència del TC reinterpreta l'article 110, segons el qual corresponen a la Generalitat 'de manera íntegra' la potestat legislativa, la reglamentària i la funció executiva. Segons l'apartat 2 d'aquest article, el dret català és el dret aplicable en el seu territori 'amb preferència sobre qualsevol altre', en matèria de les competències exclusives.

A més, el TC reinterpreta les competències executives de l'article 112, segons el qual correspon a la Generalitat, en l'àmbit d'aquestes competències, la potestat reglamentària que permet que la Generalitat aprovi disposicions per a executar les normes de l'estat, i la potestat executiva, que inclou l'organització de la seva pròpia administració. 'I, en general, totes les funcions i activitats que l'ordenament atribueix a l'administració pública'.

Retallada de les competències compartides

El Tribunal Constitucional (TC) també ha declarat 'inconstitucional' i 'nul' per vuit vots a favor i dos en contra un incís de l'article 111 sobre les competències compartides entre la Generalitat i l'Estat. El text especifica que la Generalitat té la potestat legislativa, reglamentària i la funció executiva d'aquelles matèries en les quals ambdues administracions comparteixin competències, sempre 'en el marc de les bases que fixi l'estat'. La part que el TC anul·la especificava que solament serien de control estatal quan fossin lleis dictades per l'estat. Ara, sense aquesta excepció, el control serà sempre estatal.

La sentència del TC retoca també una part de l'article sobre les competències compartides entre l'administració catalana i l'espanyola. En aquest punt l'estatut concretava que la 'potestat' legislativa i executiva de Catalunya en aquestes matèries entrava 'en el marc de les bases que fixi l'Estat com a principis o mínim comú normatiu en normes amb rang de llei, excepte en els supòsits que es determinin d'acord amb la Constitució i amb aquest estatut'; és a dir, que la norma espanyola solament podia sobreposar-se a la catalana si l'executiu de Madrid decretava una llei en la matèria.

Però ara, segons la sentència del TC, 'en les matèries que l'estatut atribueix a la Generalitat de forma compartida amb l'Estat, corresponen a la Generalitat la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les bases que fixi l'Estat', de manera que la supeditació catalana a l'estat serà sempre la norma, i no solament quan l'estat legisli sobre una matèria compartida. L'article acaba dient que 'en exercici d'aquestes competències, la Generalitat pot establir polítiques pròpies' i 'el Parlament ha de desplegar i concretar per mitjà d’una llei les dites disposicions bàsiques'. Aquesta prescripció de l'estatut es manté.

Retallada de les consultes

La sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'estatut reinterpretarà l'article 122, que regula les consultes populars. Segons aquest article, 'correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l'establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l'acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l'àmbit de llurs competències, d'enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant el que disposa l'article 149.1.32 de la Constitució', que diu que l'estat té competències exclusives per a autoritzar referèndums.

El TC considera que no és inconstitucional sempre i quan s'interpreti segons el criteri expressat en la sentència, criteri que encara no s'ha fet públic.

Retallat el paper del Síndic de Greuges

El Tribunal Constitucional també ha rebutjat l'exclusivitat que l'estatut atorga al Síndic de Greuges de Catalunya, un dels principals articles recorreguts pel Defensor del Poble, el socialista Enrique Múgica. El TC no admet que el síndic (la mateixa funció que fa Múgica a l'estat espanyol) supervisi amb 'caràcter exclusiu' l'activitat de la Generalitat. La mateixa presidenta del TC, María Emilia Casas, proposava d'anul·lar aquest fragment de l'article 78, que regula les competències del síndic. És un dels catorze preceptes que Casas considera inconstitucionals en la seva ponència, i així ho han ratificat la resta de magistrats.

Segons l'article 78 del nou estatut (sobre les funcions i relacions del Síndic de Greuges amb altres institucions anàlogues'), el síndic 'té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i aquest estatut'. El text continua -i és a partir d'aquí que el TC considera que és inconstitucional- dient que el síndic 'supervisa, amb caràcter exclusiu, l'activitat de l'Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen (...)'.

Aquest caràcter d'exclusivitat del síndic (en detriment del Defensor del Poble, que veu limitada la seva funció a Catalunya) i el consegüent conflicte d'interessos, va motivar que primer PP i després Múgica incloguessin aquest article (contrari a l'article 54 de la Constitució) en els recursos que van interposar l'any 2006. Ambdós coincideixen a denunciar que els ciutadans catalans ja no podran acudir al defensor, en cas de 'competències' o 'facultats' de la Generalitat.

'S'usurpa la competència de l'Estat en atribuir al síndic aquesta funció, i excloent-la del defensor', era l'argument que esgrimia el PP, mentre el defensor aclaria que el seu recurs, a diferència del del PP, no tenia cap mena d''intencionalitat política'. L'estatut preveu que el síndic ha de col·laborar amb el Defensor del Poble, però aquest punt no satisfeia prou Múgica, que va fer el seu recurs a partir de dictàmens i recomanacions de catedràtics de dret constitucional i administratiu.

En opinió seva, els catalans eren discriminats, car  no podien triar entre el Defensor i el Síndic i, per tant, no es trobaven en 'igualtat' amb els altres espanyols. Tres anys i mig després de ser recorregut , el Parlament va aprovar, el desembre passat, la nova Llei del Síndic de Greuges, que permetia que pogués supervisar el conjunt del sector públic, a part de ser l'òrgan de prevenció de la tortura al Principat.

Retallat el control dels tributs dels ajuntaments

El Tribunal Constitucional també ha eliminat de l'estatut 'l'incís' de l'article 218 que atorgava a la Generalitat la capacitat legislativa 'd'establir i regular els tributs propis dels governs locals'. L'estatut admetia aquesta possibilitat en l'apartat 2 d'aquest article, basada en les competències de la Generalitat en matèria de finançament local 'en el marc establert per la Constitució i per la normativa de l'Estat'. L'incís s'ha eliminat en la votació del segon bloc, que feia referència als punts considerats inconstitucionals. La votació ha acabat amb 8 vots favorables a la retallada i 2 en contra.

L'article 218 fa referència a l'Autonomia i a les Competències Financeres, i forma part del capítol de l'estatut dedicat a les finances dels governs locals. S'hi indica que els governs locals tenen autonomia pressupostària i de despesa dels seus recursos. I estableix que els ajuntaments poden fixar la quota o els tipus de tributs locals, i també bonificacions o exempcions.

També atorga als ajuntaments la potestat de 'gestionar, recaptar i inspeccionar' els seus tributs. El darrer apartat de l'article 218 recorda que correspon a la Generalitat la tutela financera sobre els governs locals 'respectant l'autonomia que els reconeix la Constitució'.

Retallades dels serveis socials

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional l'incís referent a l'esforç fiscal 'similar' que han de realitzar les comunitats autònomes per tal d'assolir nivells semblants a tot l'Estat 'pel que fa als serveis d'educació, de sanitat i altres serveis socials essencials de l'estat del benestar'. Els magistrats han declarat nul aquest incís del punt 3 de l'article 206 de l'estatut, referent a la participació en el rendiment dels tributs estatals i mecanismes d'anivellament i solidaritat. L'esforç fiscal mesura el sacrifici econòmic dels ciutadans tenint en compte la pressió dels impostos en relació amb la seva renda i l'article anul·lat permetia de posar límits a la 'solidaritat autonòmica'.

Tenint en compte que la sentència del Constitucional també declara interpretable el punt 5 d'aquest article, que estableix que l'anivellament que fa l'Estat 'no alteri en cap cas la posició de Catalunya en l'ordenació de rendes per càpita entre les comunitats autònomes abans de l'anivellament', s'eliminaria la defensa jurídica que garantia la limitació, entre més problemes de finançament, del dèficit fiscal català.
El redactat original de l'estatut deia que Catalunya no rebés menys recursos fins a l'extrem de perdre riquesa per càpita, després de la redistribució estatal dels impostos entre les autonomies.

Retallades de competències sobre les caixes

L'estatut fixava que la Generalitat tenia competències 'compartides' sobre l'activitat financera de les caixes d'estalvi d'acord amb 'els principis, les regles i els estàndards mínims que estableixin' les bases estatals. Aquest incís ha estat declarat inconstitucional i obliga la part catalana a legislar d'acord amb el contingut de les 'bases estatals'. El TC també ha aplicat la mateixa doctrina en l'article 126, referit a les competències sobre mutualitats i assegurances i les subjecta a la llei de bases de l'estat.

En l'article 126 de l'estatut referit a 'crèdit, banca, assegurances i mutualitats no integrades en el sistema de la seguretat social', la normativa catalana preveia uns marges d'actuació competencial de la Generalitat en l'àmbit de les mutualitats i les entitats gestores de plans i fons de pensions.

En aquesta matèria sobre mutualitats, igual que en l'article 120 sobre les 'caixes d'estalvis', el legislador català, per tal de poder tenir un cert marge competencial i diferenciat de l'Estat, havia incorporat l'incís 'els principis, regles i estàndards mínims fixats' en la legislació espanyola. Ara, el Tribunal Constitucional retalla aquest marge de competència i obliga la Generalitat a adaptar-se totalment a les bases estatals.

Retallat el caràcter vinculant dels dictàmens del Consell de Garanties estatutàries

La sentència elimina també el caràcter vinculant dels dictàmens que el Consell de Garanties estatutàries presenti en relació amb els projectes de llei i les proposicions de llei del parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts per l'estatut. D'aquesta manera, el TC considera inconstitucional i nul l'article 76.4 de la normativa que el poble català va aprovar per referèndum.

El Consell de Garanties estatutàries, fruit de la reforma de l'estatut de 2006, es va constituir el 24 de novembre de 2009 i va succeir al Consell Consultiu sorgit de l'estatut anterior, en funcionament del 1981 al 2009. L'òrgan és presidit per Eliseo Aja. Durant set mesos de funcionament ja ha emès onze dictàmens. Destaquen la resolució que donava validesa a les consultes populars per via de referèndum de Catalunya i al projecte de llei del cinema. També ha dictaminat sobre la validesa del decret sobre la venda ambulant; el codi de consum de Catalunya; el decret llei 2/2010 sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; sobre el dictamen parlamentari de l'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya; l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball; el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici; els òrgans consultius agroalimentaris i sobre el Síndic de Greuges. Pel que fa a aquest darrer dictamen, concretament, el Consell de Garanties estatutàries va establir que la prevenció de la tortura i d'altres tractes o penes cruels, inhumans i degradants era una competència de la Generalitat, i concretament del Síndic de Greuges. Es dóna la circumstància que precisament el TC també ha tallat les competències del defensor del poble català i ha tombat l'exclusivitat que atorga l'estatut al Síndic de Greuges per controlar l'administració catalana.

El Consell de Garanties estatutàries és l'òrgan que vetlla per l'adequació a l'estatut i a la constitució espanyola de les normes amb rang de llei que aprova el govern i el parlament. També és responsable d'identificar, amb caràcter previ a la presentació dels corresponents recursos, els possibles motius d’inconstitucionalitat i de conflicte de competències que puguin afectar l’autogovern català o l’autonomia local a conseqüència de la normativa estatal.

Font: vilaweb.cat

Els articles anul·lats per inconstitucionals

El Tribunal Constitucional ha anul·lat parcialment o totalment 14 articles de l'Estatut, entre els quals destaquen els de l'ús preferent del català a les administracions públiques i diversos aspectes vinculats al poder judicial a Catalunya. Tots els articles que se citen a continuació han quedat anul·lats per 8 vots a favor i 2 en contra.

El català a l'administració i als mitjans

L'Estatut determinava que el català era la llengua "preferent" de Catalunya. En comptes d'això, la defineix com a llengua d'"ús normal".

"La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d'ús normal a les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua utilitzada normalment com a vehicular i la llengua d'aprenentatge a l'ensenyament".
Consell de Garanties Constitucionals i Síndic de Greuges

El TC considera inconstitucional el precepte de l'Estatut que estableix el "caràcter vinculant" de les decisions del Consell de Garanties Estatutàries "en relació amb els projectes de llei i les proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts pel present Estatut". Amb la retallada, deixen de ser vinculants.

Respecte del Síndic de Greuges, el Constitucional li treu la potestat de supervisar "amb caràcter exclusiu" la Generalitat.

L'article queda així: "El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats reconeguts per la Constitució i el present Estatut". I afegeix que "amb aquest fi supervisa l'activitat de l'administració de la Generaltiat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis públics o realitzen activitats d'interès general o universal o activitats equivalents de manera concertada o indirecta i la de la resta de persones amb vincle contractual amb l'administració de la Generalitat i amb les entitats que en depenen. També supervisa l'activitat de l'administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen".

Consell de Justícia

La retallada també arriba al Consell de Justícia de Catalunya, que l'Estatut definia com "l'òrgan de govern del poder judicial a Catalunya. Actua com a òrgan desconcentrat del Consell General del Poder Judicial, sense perjudici de les competències d'aquest últim d'acord amb el que preveu la llei orgànica del poder judicial".

El TC elimina algunes funcions d'aquest Consell, com ara:

-Participar a la designació del president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i en la dels presidents de sala de l'esmentat Tribunal Superior i dels presidents de les audiències provincials.

-Proposar el Consell General del Poder Judicial i expedir els nomenaments i cessaments dels jutges i els magistrats incorporats a la carrera judicial temporalment amb funcions d'assistència, suport o substitució, així com determinar l'adscripció d'aquests jutges i magistrats als òrgans judicials que requereixen mesures de reforç.

-Instruir expedient i, en general, exercir les funcions disciplinàries sobre jutges i magistrats en el termes previstos per les lleis.

-Participar a la planificació de la inspecció de jutjats i tribunals, ordenar-ne, si escau, la inspecció i la vigilància i dur a terme propostes en aquest àmbit, atendre les ordres d'inspecció dels jutjats i els tribunals que insti el govern i donar compte de la resolució i de les mesures adoptades.


També n'elimina la part que diu que les resolucions del Consell "en matèria de nomenaments, autoritzacions, llicències i permisos s'han d'adoptar d'acord amb els criteris aprovats pel Consell General del Poder Judicial".

El TC tomba també l'article que diu que el Consell podrà participar en la convocatòria d'oposicions i concursos per cobrir les places vacants de magistrats, jutges i fiscals a Catalunya.

I s'elimina que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui l'òrgan jurisdiccional més elevat de l'organització judicial a Catalunya, i ho continuarà sent el Tribunal Suprem.

Finançament i solidaritat

La regulació en matèria fiscal prevista a la carta estatutària també ha suspès la prova al TC, que considera inconstitucional l'article 218.2 quan afirma que les competències financeres de la Generalitat poden "incloure la capacitat legislativa per establir i regular els tributs propis dels governs locals".

S'anul·la també l'article 206.3, que estableix que la Generalitat aportarà recursos financers per garantir l'anivellament i la solidaritat a la resta de comunitats autònomes (...), "sempre que duguin a terme un esforç fiscal també similar".

A més, és inconstitucional l'article 111 sobre "competències compartides" que atribueix a la Generalitat de manera compartida amb l'Estat potestats legislatives, reglamentàries i executives "com a principis o mínim comú normatiu en normes amb rang de llei, excepte en els supòsits que es determinin d'acord amb la Constitució i el present Estatut". Ara queda així: "En les matèries que l'Estatut atribueix a la Generalitat de manera compartida amb l'Estat, corresponen a la Generalitat la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les bases que fixi l'Estat".

De la mateixa manera, es declaren nuls els articles 120 i 126 que amb els mateixos criteris atribueixen a la Generalitat competències compartides amb l'Estatut en matèria de caixes d'estalvis i les entitats de crèdit, respectivament. L'article de les caixes queda així: "Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d'estalvis catalanes, la competència compartida sobre l'activitat financera, d'acord amb les bases que fixi l'Estat".

Font: 3cat24.cat

SENTENCIA ÍNTEGRA del Constitucional sobre el Estatuto

FALLO

 En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

 Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, en consecuencia, 

 Declarar que

 1º Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto de Cataluña a "Cataluña como nación" y a "la realidad nacional de Cataluña".

 2º Son inconstitucionales y, por lo tanto, nulos: la expresión “y preferente” del apartado 1 del art. 6; el apartado 4 del art. 76; el inciso “con carácter exclusivo” del apartado 1 del art. 78; el art. 97; los apartados 2, letras a), b), c), d) y e), y 3 del art. 98; los incisos “y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña” de los apartados 5 y 6 del art. 95; el inciso “por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y” del apartado 1 del art. 99; el apartado 1 del art. 100; el inciso “o al Consejo de Justicia de Cataluña” del apartado 1 y el apartado 2 del art. 101; el inciso “como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto” del art. 111; el inciso “los principios, reglas y estándares mínimos que establezcan” del apartado 2 del art. 120; el inciso “los principios, reglas y estándares mínimos fijados en” del apartado 2 del art. 126; el inciso “siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar” del apartado 3 del art. 206; y el inciso "puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales e" del apartado 2 del art. 218.

 3º No son inconstitucionales, siempre que se interpreten en los términos establecidos en el correspondiente fundamento jurídico que se indica, los siguientes preceptos: el art. 5 (FJ 10); el apartado 2 del art. 6 [FJ 14 b)] ; el apartado 1 del  art. 8 (FJ 12); el apartado 5 del art. 33 (FJ 21); el art. 34 (FJ 22); el apartado 1 y el primer enunciado del apartado 2 del  art. 35 (FJ 24); el apartado 5 del art. 50 (FJ 23); el art. 90 (FJ 40); los apartados 3 y 4 del art. 91 (FJ 41); el apartado 2 del art. 95 (FJ 44); el art. 110 (FJ 59); el art. 112 (FJ 61); el art. 122 (FJ 69); el apartado 3 del art. 127 (FJ 73); el art. 129 (FJ 76); el art. 138 (FJ 83); el apartado 3 del art. 174 (FJ 111); el art. 180 (FJ 113); el apartado 1 del art.183 (FJ 115); el apartado 5 del art. 206 (FJ 134); los apartados 1 y 2, letras a), b) y d) del art. 210 (FJ 135); el apartado 1, letra d), del art. 222 y el apartado 1, letra i), del art. 223 (FJ 147); el apartado 1 de la disposición adicional tercera (FJ 138); y las disposiciones adicionales octava, novena y décima (FJ 137).

 4º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.   

 Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

 Dada en Madrid, a veintiocho de junio de dos mil diez.

Font: ELPAIS.com

Fre policial al jihadisme a Catalunya (sic)

Els Mossos controlen nou mesquites per integrisme. Un corredor mediterrani del salafisme -una tendència que propugna la puresa de l'islam- que aniria de Girona i Barcelona a Granada, passant per Tarragona, Castelló, València i Múrcia, s'associaria a grups d'acció violenta, 

objecte de control. 

Una fotografia de la darrera
operació policial contra una cèl·lula
islamista a Barcelona. Foto: CNP

 Des que fou públic que Mohamed Atta, un dels terroristes que van participar en els atemptats de l'onze de setembre de 2001, havia fet cau a Tarragona, Catalunya va esdevenir una zona preferent d'investigació en el cercles de la lluita antiterrorista.  Fins i tot  des del 2007, Catalunya ha estat qualificada de "regió autònoma del nord-est que amenaça l'Estat espanyol així com els interessos occidentals a Europa el nord d'Àfrica i l'Orient Pròxim" per la Jamestown Fundation de Washington - un think thank de referència de la geoestratègia antiterrorista  mundial -.

Diferents operacions policials i judicials han aturat el que podien haver estat escamots operatius terroristes els darrers anys. Les detencions al Raval de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet de l'operació Tigris o Vilanova n'han estat un exemple. Fins i tot, una de les veus més respectades en la matèria, el jutge de l'Audiència Nacional Javier Gómez Bermúdez - famós per la seva contundència en els judicis de l'atemptat de l'11-M- va afirmar el passat abril que l'amenaça terrorista a l'Estat espanyol és molt present, ja que fins i tot molts terroristes s'hi han amagat, i que és gràcies a la policia que no s'han de lamentar més atemptats.

Aquesta amenaça és més que plausible, i més quan els darrers dies s'han filtrat informacions des de la mateixa brigada d'informació dels Mossos d'esquadra referents a la vigilància metòdica a nou mesquites repartides en tota la geografia catalana.

Possiblement, les investigacions van fer un tomb arran de la desarticulació d'un presumpte tribunal islàmic a Reus que hauria condemnat una dona a mort. Els registres practicats en l'operació la policia catalana va trobar material islamista que va més enllà de les postures "salafis" - retorn als orígens de l'Islam i comportar-se d'acord amb el rigorisme religiós d'aquella època-, i que pot ser qualificat de jihadista -partidaris de la "Guerra santa" contra occident i els jueus, així com els musulmans no prou devots als seus ulls-.

S'han comissat publicacions que inclouen afirmacions com "és obligat per a tot musulmà (...) combatre i matar als enemics de l'Islam", i textos en que s'atribueix a una conjura jueva els atacs contra les Torres Bessones 11 de setembre de 2001. A més, altres textos condemnen l'homosexualitat i atribueixen a la dona una subordinació absoluta al seu marit. Fonts dels Mossos asseguren que ja és una activitat més mantenir el vedat aquests grups "altament sensibles" a perpetrar, per activa o per passiva, accions violentes.

Des del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), - l'organisme espanyol màxim responsable de l'espionatge i el contraespionatge, així com de la lluita contraterrorista-  s'afirma que hi ha un veritable corredor Mediterrani que va de Barcelona a Granada i que passa per Tarragona, Castelló, València i Múrcia, entre altres localitats més petites, en el que hi ha grups distingits com a molt radicals, alguns dels quals estarien preparats per a fer el pas al terrorisme. Un segon corredor, surt de Tarragona i arriba a Bilbao, passant per Lleida, Tudela i Logronyo. A Tarragona, s'han vigilat les mesquites de Reus, Torredembarra, Valls, Roda de Barà i la mesquita del barri Torreforta de Tarragona.

Per la seva banda, el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya, rebla que aquests seguiments són tutelats pel CNI.  Per aquest servei d'intel·ligència entre els islamistes més radicals hi ha dues branques, formades segons els orígens dels seus membres. Així, d'una banda hi ha el grup format per gent procedent del Magreb, que estaria en contacte amb Al Qaeda del Magreb Islàmic, i disposa de membres que col•laboren amb aquesta. L'altre grup estaria format per pakistanesos, amb contactes amb Al Qaeda a Pakistan i Afganistan, i que hi col•laborarien enviant diners aconseguits de forma il·lícita. Els integrants d'aquests grups treballen en dues direccions: infiltrar-se en les seves comunitats i especialment en els entorns religiosos, per a portar a terme tasques de propaganda i captació, i per una altra, preparar-se per a fer el salt directe al terrorisme, ja sigui aquí, o unint-se als grups esmentats allà on gaudeixen de més arrelament.

Des de l'11M 

Els atemptats de l'11 de març a Madrid i l'operació Tigris a Santa Coloma de Gramenet han estat dos punts referents en la lluita antiterrorista que ha tingut la seva traducció estadística: la detenció al llarg del 2008 de 65 presumptes terroristes islamistes i 14 a 12 de novembre de 2009, 11 dels quals a Barcelona. Els seguiments a Catalunya són freqüents sobretot en zones o municipis amb un percentatge superior al 20% d'immigració musulmana, dels quals un 10% mostraria tendències radicals, uns 30.000 segons informen des del sindicat Confederación Española de Policia (CEP) de la policia espanyola. El sistema establert pel CNI, incorpora el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) que interactua amb els mossos com amb la Guàrdia Urbana o les policies locals sense previ coneixement dels comandaments locals.

Lluny dels canals oficials, els agents del CNI utilitzen la informació dels policies locals sense la intervenció dels superiors, com ha estat el cas de Tarragona, Osona o Salt. Una operativa molt utilitzada en la investigació de moviments islamistes o màfies xineses. La raó, en el cas dels islamistes, és lògica:  conèixer detalls sobre establiments regentats per musulmans en les proximitats de mesquites o en els barris amb més densitat de població musulmana, així com els moviments de nous veïns en aquestes comunitats. Un motiu del secretisme dels agents és clar, si és el CNI  ningú pregunta.

Ara bé, aquest increment d'activitat policíaca, segons el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya (CCEC), no és estrany que zones amb una altra concentració de població islàmica es concentrin tant "els extremistes com aquells encarregats de neutralitzar-los". Val a dir que el mateix CCEC enuncia en un dels seus estudis sobre la yihad que "es pot afirmar de forma objectiva que Catalunya és una zona de risc permanent (i ho serà probablement a 15 o 20 anys vista), i que aquest risc esmentat augmenta o disminueix segons les conjuntures politicosocials i geoestratègiques del moment". “No va ser casual que una de les reunions prèvies als atemptats de l'onze de setembre de 2001 a Nova York es celebrés a Cambrils, de la mateixa manera que no són casuals les continues detencions de membres d'Al-Qaeda a tot Catalunya i especialment a Barcelona” afirma un estudi d'aquest think thank.

Cal afegir que el Ministeri del Interior treu ferro a aquest increment d'efectius de seguretat quan va reconèixer el passat mes de novembre que a Catalunya, i especialment a Barcelona, existeixen dispositius d’intel·ligència dels serveis secrets del Marroc, el Pakistan (ISI), els EUA, Israel,França i l’Índia, per pura qüestió de pragmatisme i seguretat.

En aquesta conjuntura cal recordar que l'any 2007 , el CEP, el sindicat de la policia nacional amb més afiliats a Catalunya, va emetre un comunicat demolidor. Segons el portaveu del sindicat, el 8 de maig del 2007  es queixava que "dotzenes" de comissaries a Catalunya  no podien exercir adequadament les seves funcions de control d'estrangeria per manca d'efectius i va posar com a exemple la comissaria de Vic, en què "dos policies s'ocupen dels més de 3.000 immigrants en situació irregular" de tota la comarca d'Osona, o el cas de Terrassa amb només 7 agents dedicats per  tot el Vallès.

La realitat és que la prevenció ha servit i molt per evitar donar  oxigen aquestes organitzacions, fins i tot, amb els instruments més inversemblants. Aquest seria el cas de la negativa atorgar la llicència administrativa d'activitats a un centre salafista en ple Raval de Barcelona, el certificat d'idoneïtat emès pels "serveis tècnics de l'administració" - la policia- va servir per aturar-ho.

"L'amenaça hi és, cal vigilar" afirmen des del Mossos. "L'amenaça terrorista existeix, continua existint", afirmava el passat abril el jutge Bermúdez. "No sabem cap a on evolucionarà, no sabem si l'Estat espanyol serà un país de trànsit, de refugi de terroristes o de tràfic financer. Probablement sigui una mica de tot", explicava Bermúdez. I el punt on coincideixen les fonts consultades són clares, els nous terroristes passen molt desapercebuts, tenen la seva feina i no entren als circuits delictius. Ara tot és qüestió del treball policial. Sigui vigilants sermons sigui retirant llicències administratives. Potser ens haurem d'acostumar a conviure amb l'amenaça.

 Font: naciodigital.cat

 

(L'adverbi sic (del llatí sic, així) s'utilitza en els escrits, normalment entre parèntesis, per indicar que la paraula o frase que el precedeixen és literal, encara que pugui semblar incorrecta. S'utilitza quan es reprodueixen errors, tipogràfics o de qualsevol altre mena, o inconveniències al citar textos, per tal d'informar al lector que l'ús indegut es troba a la font original i no és obra del que cita. L'ús més freqüent és aquest, en el que amb freqüència es tracta de mostrar una debilitat, una falta ortogràfica, un judici descabdellat, en qui és citat.)

Deutes i ases

Es va demanar a un prestigiós assessor financer que expliqués aquesta crisi d'una manera senzilla, perquè la gent del carrer entengui les seves causes.
  Aquest va ser el seu relat:
  Un senyor es va dirigir a un poble on mai havia estat abans i va oferir als seus habitants 100 euros per cada ase que li venguessin.
  Bona part de la població li va vendre els seus animals.
  L'endemà va tornar i va oferir millor preu, 150 per cada burret, i més gent va vendre els seus ases.
  I a continuació va oferir 300 euros i la resta de la gent va vendre els últims burros.
  En veure que no hi havia més animals, va oferir 500 euros per cada burret, donant a entendre que els compraria a la setmana següent, i va marxar.
  L'endemà va enviar al seu ajudant amb els rucs que va comprar a la mateixa vila perquè oferís els burros a 400 euros cada un.
  Davant la possible guany a la setmana següent, tots els habitants van comprar els seus burros a 400 euros, i qui no tenia els diners en va demanar de prestat. De fet, van comprar tots els burros de la comarca.
  Com era d'esperar, aquest ajudant va desaparèixer, igual que el senyor, i mai més van aparèixer.

Resultat: 

El llogaret va quedar ple de rucs i d'endeutats.
  Fins aquí el que va explicar l'assessor. 

Vegem el que va passar després:
  Els que havien demanat prestat, en no vendre els rucs, no van poder pagar el préstec.
  Els que havien prestat diners es van queixar a l'ajuntament dient que si no cobraven, s'arruïnarien ells, aleshores no podrien seguir prestant i s'arruïnaria tot el poble.
  Perquè els prestadors no s'arruïnessin l'Alcalde, en comptes de donar diners a la gent del poble per pagar els deutes, l'hi va donar els diners als propis prestadors. Però aquests, ja cobrada gran part dela deuta, no van perdonar els deutes als del poble, que van seguir igual d'endeutats.
  L'Alcalde va dilapidar el pressupost de l'Ajuntament pagant als prestadors, el qual va quedar també endeutat.
  Llavors demana diners a altres ajuntaments, però aquests li van dir que no podien ajudar-lo perquè, com que estava en ruïna, no podrien cobrar després el que li prestarien.
  

Conseqüències:
  Els llestos del principi, folrats.
  Els prestadors, amb els seus guanys resolts i un munt de gent a la qual seguiran cobrant el que els van prestar més els interessos, fins i tot apoderant-se dels ja devaluats burros amb els que mai arribaran a cobrir tot el deute.
Molta gent arruïnada i sense burro per a tota la vida.
  L'Ajuntament igualment arruïnat.
  Resultat ¿final?:
Per solucionar tot això i salvar tot el poble, l'Ajuntament va baixar el sou als seus funcionaris.

El consistori torrenc assegura que no oblida la cultura popular tot i el concert de Bisbal

Un grup al facebook que compta amb més de 800 persones creu que el concert de David Bisbal que se celebrarà a Torredembarra és una "falta de respecte" quan hi ha moltes entitats festives del municipi que lluiten per poder superar les seves mancances.


Rosa Maria Guasch, regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Torredembarra, ha sortit al pas de les crítiques rebudes pel fet de portar el cantant David Bisbal a Torredembarra. Un grup al facebook que compta amb més de 800 adhesions acusa el consistori de "faltar al respecte gastant-se més 30.000 euros amb el concert de Bisbal quan les entitats torrenques lluiten per sobreviure".

La regidora torrenca ha explicat a delCamp.cat que el fet de que es realitzi el concert del Bisbal no vol dir que es deixi d'apostar per la cultura popular ja que "no es treuen els diners d'un lloc per posar-los a l'altre".

Guasch ha destacat que des de la seva regidoria s'han subvencionat a les entitats de cultura popular i del seguici amb xifres importants. Per exemple, aquest Sant Joan les entitats rebran del consistori uns 16.000 euros i per la Festa del Quadre en rebran més de 22.000. Guasch assegura que aquestes xifres són exactament les que s'han sol·licitat des de les entitats.

La regidora convergent entén que hi hagi persones a qui no els hi agradi el Bisbal, però ha assegurat que hi ha una part de la ciutadania que està "molt satisfeta" pel fet que vingui el cantant d'Operación Triunfo i ha recordat aquestes persones també paguen impostos, igual que les que prefereixen la cultura popular.

Font: delCamp.cat

Hi ha independentistes a ICV...?

Trobar independentistes a ICV és més difícil quan més amunt es busca dins de l’organització. Segons les enquestes més recents, una mitjana d’un 45% dels votants d’ICV-EUiA serien partidaris de la independència, Però aquest percentatge es va empetitint quan es tracta dels afiliats, dels càrrecs intermedis i, finalment, de la direcció nacional, dins de la qual el debat sobiranista causa urticària, i se’l vol resoldre a través del discurs federalista.

Segons l’enquesta promoguda per Joan Laporta el febrer d’enguany un 48,9% dels votants d’ICV estaria a favor de la independència, situant-se així en tercera posició entre les forces parlamentàries, per sota del 56,4% dels de CiU i per davant del 32,4% dels del PSC. Una altra pista seria la darrera enquesta de La Vanguardia, el maig de 2010, en què el suport quedava en el 41%, enfront d’un 51% que s’hi manifestava en contra, amb una curiosa i poc explicable inversió dels percentatges en relació a una enquesta anterior del mateix mitjà.

Disparitat de criteris segons els municipis

Aquesta fluctuació es trasllada de manera quasi exacta a les actituds dels grups municipals d’ICV-EUiA davant les mocions de suport a les consultes d’independència. El vot dels edils ecosocialistes ha estat molt divers. Impossible establir algun paràmetre polític global: s'’ha votat a favor en ciutats com Girona, Sabadell, Mataró, Sant Feliu de Llobregat o Vic. Mentre que l’alineament d’ICV amb el PSC i el PP ha avortat les mocions al Prat de Llobregat, Igualada, Martorell o Sitges. I sense oblidar les abstencions, també nombroses, en llocs com Roses o Lloret de Mar.

A l’hora d’ubicar-se en pertinença nacional, el votant d’ICV, segons la darrera enquesta del CEO, opta majoritàriament (31%) per sentir-se “més català que espanyol”, al costat d’un gens obviable 29% que seria “només català”. I un 2,7% respon “només espanyol”, i un 3,9% “més espanyol que català”. Unes xifres que quadrarien amb aquesta posició equidistant en simpaties independentistes dins del sistema polític català, ja que tindria CiU i ERC en l’espectre més catalanitzat, a un costat, i PSC, PP i C’s, en l’altre.

Aquesta ubicació té els punts febles. En primer lloc, l’alèrgia que pateixen els màxims dirigents d’ICV davant d’una agenda política amb el dret a decidir i les consultes d’independència. Per mantenir un equilibri acceptable per a uns votants dividits en parts iguals sobre el tema, no es pot inclinar massa la balança en cap direcció, si no es vol córrer el perill d’obrir fractures.

Però si el debat és viu a la societat catalana, ICV no pot ignorar-lo. I una mostra de realisme polític va ser la celebració, el passat 20 de febrer, de la Jornada sobre el Fet Nacional i l’Estat de la Nació. Un dissabte de treball i debat polític que no va tenir massa transcendència exterior però que va posar de manifest un cert divorci entre les bases i el que serien la direcció i els principals càrrecs institucionals. A més poder, menys independentisme, podria ser la foto final de la jornada.

A Espanya, federals; i a Europa, l'Euroregió

Les conclusions d’aquesta jornada: una insistència en les tesis federalistes a Espanya, i en l’Euroregió Pirineus-Mediterrània pel que fa al marc europeu. La iniciativa conjunta dels governs d'Aragó, Catalunya, les Illes Balears i dels Consells Regionals del Lengadoc-Rosselló i el Miègjorn-Pirenèus, que varen subscriure la Declaració constitutiva de l'Euroregió l'octubre de 2004, hauria de servir, en el full de ruta d’ICV, per “escapar-se” de l’excessiva tutela espanyola sobre Catalunya i crear un marc social i econòmic més favorable però sense haver d passar pel trauma d’esquarterar l’Estat espanyol.

El text de treball assenyalava que “l’escenari pel qual caldria lluitar és el d’una Europa dels pobles federal, sense les interferències actuals dels estats, i amb Euroregions que, sempre d’acord amb la voluntat de cada un dels pobles afectats, aglutinessin pobles germans històricament separats, (...) Per tant, cal dir clarament i sense pors que allò que seria ideal de debò a mitjà-llarg termini és una Euroregió dels Pirineus d’organització confederal: amb competències reals –avui a mans dels Estats–, amb capacitat legislativa, amb un Parlament confederal, amb eleccions euroregionals i amb un finançament adequat. Un ens així ens faria més europeus –aleshores sí que la frontera dels Pirineus no existiria de veritat–, ens faria més autònoms i sobirans respecte Madrid i París (...).

Dins del marc espanyol, ICV renovava la seva aposta per salvar in extremis l’Estatut d’Autonomia de 2006 i adreçar-se cap a una reforma de la Constitució espanyola en clau federalitzant. Enfront la crítica recurrent de com es pot ser federalista des de Catalunya si a Espanya no hi ha federalistes, a la Jornada es va argumentar que “a Espanya tampoc no hi ha independentistes”. Tants a tants.

En aquesta Jornada es va posar damunt de la taula per primera vegada la qüestió que unes consultes populars, per ser veritablement representatives, haurien d’incloure també l’opció de votar federalisme, i no solament independència sí o no. Aquesta línia d’argumentació no es pot dir que hagi prosperat massa per ara, tot i que el candidat d’ICV a la Generalitat, Joan Herrera, l’ha anat introduint al debat polític, sense massa èmfasi, en les darreres setmanes.

Saura no admetrà res que allunyi Catalunya d'Espanya

Les actituds contràries a la independència són, com s’ha assenyalat, més intenses quan més amunt es va ascendint en l’estructura directiva d’ICV. Joan Saura ha manifestat més d’una vegada amb un to agre, en reunions de la direcció, que “nosaltres mai no farem absolutament res que contribueixi a allunyar Catalunya d’Espanya”.

Aquestes tensions van aflorar sense embuts arran de la consulta d’independència d’Arenys de Munt, la primera de totes, el setembre de 2009. Els noms clau d’aquesta crisi van ser els de Carles Mora, alcalde del municipi per una coalició adherida a ICV a través de l’Entesa de Progrés Municipal, i Jordi Fàbrega, president de l’EPM, independentista històric, i rostre visible del moviment de càrrecs electes Decidim.cat i, per si fos poc, delegat del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central com a “quota” de presència d’ICV.

Laia Ortiz marca distàncies amb Jordi Fàbrega

El salt del debat independentista al primer nivell de l’agenda política va causar malestar a la direcció d’ICV. Una de les seves portaveus, la jove Laia Ortiz, va sortir a declarar que entre ICV i Jordi Fàbrega no hi havia coincidència de posicions. I va alertar que calia posar “rigor” i “sentit comú” per no generar ni “frustració” ni “falses expectatives” després de la consulta d’Arenys. També va demanar de “no fer volar coloms”, per marcar distàncies amb l'EPM tan sols unes poques hores després que Fàbrega havia anunciat que una seixantena de municipis podrien promoure una gran consulta independentista desembre de 2009. “Segurament no hi ha la mateixa coincidència de posicionament”, va reblar Ortiz.

La por a la fractura social entre catalanoparlants i castellanoparlants és una altra de les hipoteques d’ICV en aquest debat, agreujada per les actituds del soci electoral EUiA –adherida a l’espanyola Izquierda Unida-.

Des d’ICV no s’ha volgut parlar clar sobre el tema per raons òbvies, però sí que apareixen referències camuflades amb eufemismes més o menys entenedors, com es podia llegir en un dels documents de la Jornada del febrer: “ICV defensa que Catalunya és un sol poble. Una expressió que resumeix la nostra política en matèria d’immigració abans i ara, però també la nostra posició respecte a una única societat malgrat la seva pluralitat. És aquest “poble” el que ha d’acompanyar qualsevol procés. Al nostre entendre, qualsevol decisió sobre un canvi en les relacions amb l’Estat (com s’ha fet amb l’Estatut d’Autonomia) ha de venir acompanyada de la majoria social i política que ho fa possible. Altrament és fruit de noves frustracions, quan no de divisió social.”

En posicions més extremes se situarien col•lectius com el PSUC Viu, integrant d’EUiA, que va pronunciar-se pel “no” a les consultes si no s’incloïa una opció per l’estat federal a les paperetes de vot.

Herrera presumeix d'independentisme a ICV

Convertint els problemes en virtuts, les conclusions de la Jornada van establir: “Valorem com a positiu que, tant entre el nostre electorat com al si d’ICV hi convisquin amb mútua acceptació sensibilitats que van des de l’independentisme al federalisme o fins i tot a l’autonomisme. Pensem que és un reflex força simètric de la realitat social de Catalunya i que, en conseqüència, esdevé un valor de la nostra organització que ens atorga representativitat, autoritat i responsabilitat.”

En base a aquesta conclusió feliç, Joan Herrera presumiria en públic de ser “l’única força política que aglutina federalistes i independentistes”, posant l’accent en que ICV “sempre ha defensat el dret a decidir”, però matisant que “horitzons que impliquen el tot o res poden suposar la frustració en el dia a dia”.

Aquestes resistències a la lluita per l’exercici del dret a decidir en determinats sectors d’ICV -i ja no diguem d’EUiA- tenen bona part de les seves arrels en la tradició històrica del comunisme a casa nostra i al conjunt d’Espanya. Per al marxisme més tradicional, el dret d’autodeterminació formava part de la doctrina ortodoxa de Lenin i Stalin. Sobre el paper i prou, ja que la seva aplicació sempre quedava obviada i fins i tot tràgicament decapitada en la pràctica d’estats comunistes com la mateixa URSS envers les seves minories nacionals.

A casa nostra, tot i el naixement del PSUC com a partit comunista al marge del Partido Comunista de España el juliol del 1936, la dinàmica de la guerra i la postguerra van anar limitant la independència inicial i va situar-lo en un reconeixement retòric del dret a l’autodeterminació, amb l’opció d’una república federal ibèrica com a horitzó final. Un objectiu que és ben assimilable al que avui propugna la majoria del que és ICV.

Aquestes opcions per l’autodeterminació –precursora de l’actual dret a decidir- es van mantenir durant la lluita antifranquista, van ser introduïdes en els quatre punts de l’Assemblea de Catalunya i el 1971 i van ser desades al calaix dels mals endreços quan la transició mal anomenada democràtica. Amb un argumentari expressament elaborat pel professor comunista –després socialista- Jordi Solé i Tura, mort aquest 2010, que convertia els defensors de l’autodeterminació en un perill per a la democràcia i uns col·laborador fàctics del colpisme i el terrorisme en tant que “desestabilitzadors” del procés democràtic

L'alcaldable de Barcelona, per la independència

Les darreres notícies d’ICV apunten un tímid reforçament de les posicions independentistes. Un bon cop de puny a la taula ha estat el del candidat a l’alcaldia de Barcelona, l’actual tinent d’alcalde Ricard Gomà, que ha anunciat que votaria “sí” a la consulta d’independència. Des de Brussel·les, l’eurodiputat ecosocialista Raül Romeva també s’integra en el corrent més sobiranista del grup. La setmana passada, ICV va votar a favor de l’admissió a tràmit de la ILP sobre la independència a la Mesa del Parlament. I el nombre de càrrecs d’ICV i de la seva aliada EPM que estan adherits a la plataforma Decidim.cat és força nombrós.

Sens dubte que el debat anomenat nacionalista o identitari incomoda dins d’ICV. Per motius de tradició històrica i també de sensibilitats socials, que en molts casos s’orienten més cap a àmbits d’ONG, immigració i col·lectius d’exclusió social que no pas a la lluita per fracturar Espanya i aconseguir la independència de la nació catalana. Un cop d’ull als blocs personals a Internet dels principals dirigents ecosocialistes és revelador: pocs o cap enllaç a llocs web sobiranistes, i moltes i moltes referències a antiracisme, altermundisme, etc. indiquen quina és l’agenda dominant.

ICV pot fer balança

Les actituds d’ICV enfront el procés de sobirania de Catalunya i la previsible ensulsiada de l’Estatut no són un tema menor: poden inclinar la balança cap a un o altre costat del mapa polític. Una ICV atrinxerada en una opció federalista, però mancada de concreció, reforçaria el PSC i li faria més fàcil i digerible la coincidència amb Partit Popular i Ciutadans.

En canvi, una ICV que basculés cap al ple reconeixement –i aplicació- del dret a decidir, deixaria el PSC en una posició tan incòmoda com la de ser component d’un “front espanyol” amb socis com Alicia Sánchez-Camacho i Albert Rivera.

Font: NacióDigital.cat

Victòria històrica del partit independentista flamenc, segons els primers resultats

El president de l'N-VA, Bart de Wever, gran favorit de les eleccions de diumenge.

El N-VA aconseguirà 31 escons i es situa com el primer partit a nivell federal · El seu líder diu que Bèlgica 'ja són dues democràcies'

El partit independentista flamenc, el N-VA, ha estat el més votat a Flandes, segons els primers resultats i el sondatge a peu d'urna de la cadena RTL, que li dóna més del 20% dels vots, per davant dels demo-cristians, caps de la coalició de govern, i els socialistes. Així, els liberals i la ultradreta xenòfoba són els grans perdedors, al nord del país, d'aquestes eleccions generals de Bèlgica. En canvi, a Valònia i a Brussel·les la primera posició és per als socialistes, amb un 32,4% dels vots, segons els sondatges. (Seguiu des d'ací el recompte en directe dels resultats.)

El partit independentista flamenc, el N-VA, ha estat el partit més votat en les eleccions generals de Bèlgica, un fet històric que tindrà conseqüències. El líder independentista Bart De Wever, en ser preguntat si Bèlgica encara és un país ha respost que en qualsevol cas 'ja són dues democràcies'. El N-VA ha guanyat a Flandes amb molta claredat mentre que a Valònia i a Brussel·les la primera posició és per als socialistes. Els independentistes de N-VA sumaran 31 diputats. L'extrema dreta independentista del Vlaams Belang en sumarà 12 més.

A mesura que es fan públics els primers resultats de les eleccions federals de Bèlgica, sembla clar que el N-VA ha obtingut un suport sense precedents al nord del país: entre el 23% i el 32% a Flandes, segons la televisió flamenca. El dirigent del partit, Bart de Wever, ja ha dit que la seva victòria no implicaria la mort de Bèlgica sinó només una dissolució del país per donar pas a un confederalisme amb dos estats autònoms, Flandes i Valònia, que tindrien més competències polítiques, econòmiques i fiscals. De Wever defensa que a mig termini l'estat belga només hauria de tenir les competències comunes de Defensa i Exteriors. Després Bèlgica 's'evaporarà de forma gradual'.

L'embranzida del N-VA ha tingut lloc en detriment del partit democratacristià flamenc, el CD&V, encapçalat per l'actual primer ministre, el dimissionari Leterme, que en només tres anys ha dirigit cinc executius que mai han arribat a la fi del mandat, i en les eleccions d'vui hauria recollit només un 20% dels vots. Ara que la majoria de partits flamencs són nacionalistes, els independentistes de l'ultradreta xenòfoba, el Vlaams Belang, també s'han enfonsat, igual que els liberals de l'Open VLD, a qui l'electorat ha castigat per haver fet saltar pels aires la coalició que governava l'estat en plena crisi financera de l'euro.

Entre la minoria francòfona, que representa el 40% de la població, el gran guanyador hauria estat el Partit Socialista, que s'hauria emportat un 32,4% dels vots i el seu candidat, Elio di Rupo, es podria convertir en el primer president francòfon que Bèlgica ha vist en els últims 30 anys. L'MR perdria la primera posició de què disposava fins ara i s'enduria només un 22,5% del suport, mentre que democratacristians (15,1%) i verds (14,7%) es disputarien la tercera posició.

Els resultats definitius no es coneixeran fins passada la mitjanit i s'espera que, a partir d'aquest dilluns, comencin unes llargues i complicades converses per formar un executiu federal que afronti una reforma d'estat que permeti la convivència de flamencs i valons en un mateix estat. No es descarta, així, que les negociacions s'allarguin més enllà de l'1 de juliol, quan Bèlgica agafarà el relleu a Espanya en la presidència rotatòria de la Unió Europea amb un govern provisional.

Font: VILAWEB

Núria Pòrtulas, absolta

La defensa havia presentat un recurs al Suprem arran de la sentència de l'Audiència Nacional espanyola, que la condemnava per temptativa de col·laboració amb organització terrorista

El Tribunal Suprem espanyol ha absolt Núria Pòrtulas del delicte de 'temptativa inacabada de col·laboració amb organització terrorista' pel qual l'Audiència Nacional l'havia condemnada a dos anys i mig de presó. L'advocat, Benet Salellas, ha remarcat, en declaracions a VilaWeb, que la sentència (pdf) és definitiva i que deixa clar que 'la col·laboració amb una organització terrorista era impossible perquè no hi havia organització terrorista'.

La defensa de Pòrtulas va recórrer la sentència perquè considerava que la sentència de l'Audiència Nacional espanyola no aportava proves que relacionessin la noia de Sarrià de Ter amb cap banda armada. I així ho ha considerat també el Suprem, que recrimina a l'Audiència i a la fiscalia no haver fet cas de la documentació aportada per la defensa.

Els fets són del gener del 2007, quan els mossos d'esquadra van intervenir a Pòrtulas una llibreta (video). La policia va acusar-la d'haver col·laborat amb Juan Surroche, que relacionava amb una organització armada italiana. Però Surroche va ser absolt.

Pòrtulas ja va ser empresonada preventivament durant quatre mesos el 2007. Actualment continua en llibertat provisional i cada setmana havia de presentar-se al jutjat signar.

Per celebrar l'absolució, el grup de suport a Pòrtulas ha convocat un brindis davant l'Ajuntament de Girona a les vuit del vespre i també se'n farà un a la plaça Sant Jaume de Barcelona. A més, hi ha previst que se'n convoquin uns quants més a altres viles del país.

Font: VILAWEB

"El laberint", després de l'Adéu Espanya?

El laberint
En un context de polèmica i expectativa per saber què passarà amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ara aturat al Tribunal Constitucional, Sense ficció presenta “El Laberint”, un documental que tracta de l’evolució i les conseqüències de l’Estat de les Autonomies creat per la Constitució de 1978, vist des de la consideració dels antecedents històrics i en la perspectiva de possibles models de futur. El documental entrevista, en exclusiva, José Maria Aznar, Xabier Arzallus, Jordi Pujol i Pasqual Maragall que, entre altres personalitats, donen l’opinió sobre la seva idea de model d’Estat.

La recollida selectiva dels residus municipals al Camp de Tarragona es consolida

S’observa una lleugera tendència a l’alça en la recollida selectiva dels residus, que ha passat del 29,7% al 2008 al 31,4% al 2009

Els tarragonins separen un de cada tres quilos de residus que generen

Les comarques tarragonines generen més residus per habitant i dia que la mitjana catalana, degut al volum de població estacional que reben

La recollida selectiva dels residus municipals al Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Tarragonès) es consolida i manté la tendència a l’alça dels darrers anys. Així, al 2009 cada tarragoní va recollir selectivament un de cada tres quilos de residus que va generar, en concret, el 31,4% del total generat. Aquest índex de recollida selectiva, tot i que és significatiu, se situa per sota de la mitjana catalana, que és del 37,6% dels residus municipals generats.

Així, el total de residus recollits selectivament en aquestes comarques va ser de 119.857 tones, una dada lleugerament superior a la de l’any anterior, en què se’n van recollir 118.718 tones. La comarca que separa més residus és la Conca de Barberà, amb un índex de recollida selectiva del 48,9%, seguida del Baix Camp, que recull selectivament el 39,6% dels residus, i de l’Alt Camp, que en recull el 37,7%. D’altra banda, el Baix Penedès i el Tarragonès, que es situen per sota de la mitjana catalana, han augmentat sensiblement la recollida selectiva dels seus residus. Així, el Baix Penedès situa el seu índex de recollida selectiva en el 22,5%, i el Tarragonès en el 28,1%.

L’any 2009 les comarques del Camp de Tarragona van generar 381.728 tones de residus municipals. Això suposa que, de mitjana, cada tarragoní va generar 1,74 kg de residus al dia. Aquesta xifra se situa per damunt de la mitjana de Catalunya, que és d’1,54 kg de residus per habitant i dia. La diferència s’explica per l’elevat volum de població estacional que reben les comarques del Camp de Tarragona. D’altra banda, cal indicar que tot i l’augment de població, la generació de residus per càpita ha caigut un 4,5% respecte de l’any anterior. La comarca que genera més residus és el Baix Penedès (2,18 kg per habitant i dia), i la que menys, l’Alt Camp (1,31 kg per habitant i dia).

Per tipus de residu

La recollida selectiva de la fracció orgànica ha augmentat considerablement a les comarques del Camp de Tarragona. En concret, s’han recollit 30.137 tones de fracció orgànica selectiva, dada que suposa un increment en les tones recollides del 19,6% respecte de l’any anterior. D’altra banda, al 2009 la Conca de Barberà, el Baix Camp i l’Alt Camp han superat el promig català de recollida per habitant a l’any d’aquesta fracció, i els municipis de Torredembarra (Tarragonès), l’Arboç (Baix Penedès) i Vilanova d’Escolnarbou (Baix Camp) han posat en marxa el servei de recollida separada dels residus orgànics.

L’any 2009 es van recollir selectivament 12.354 tones de vidre, un 2,1% més que l’any anterior. En aquest cas, són les comarques de la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Baix Penedès les que es situen per sobre de la mitjana catalana de recollida per habitant a l’any de vidre.

Pel que fa al paper i al cartró, se n’han recollit selectivament 20.252 tones. Aquesta dada suposa un lleuger descens de la recollida selectiva d’aquesta fracció, que cau un 5,7% respecte de l’any anterior. Només el Baix Camp supera la mitjana catalana de recollida per habitant a l’any, tot i que l’Alt Camp i la Conca de Barberà hi estan molt a prop.

En relació als residus d’envasos lleugers (plàstic, llaunes i brics), se n’han recollit selectivament 9.915 tones, fet que suposa un increment del 14,1% de les tones recollides respecte de l’any anterior. Totes les comarques, exceptuant el Baix Penedès, han superat la mitjana catalana de recollida per habitant a l’any d’envasos.

També s’han recollit selectivament 12.590 tones de residus voluminosos i de fusta, que suposen una caiguda del 14,5% de les tones recollides respecte de l’any anterior. Pel que fa als residus de poda i jardineria, se n’han recollit de forma selectiva 21.890 tones, un 6,4% més que l’any 2008. D’altra banda, s’han recollit 43 tones de residus de piles, que suposen un increment de la recollida selectiva d’aquest residu del 35,6% respecte de 2008, i s’han recollit selectivament 45 tones de medicaments, un 13,2% més que l’any anterior. Pel que fa als residus tèxtils, s’han recollit 884 tones, un 22,3% més que al 2008, i s’han recollit 11.744 tones d’altres tipus de residus en les deixalleries, dada que suposa un descens del 22,6% de les tones recollides d’aquests residus. D’altra banda, cal destacar que durant 2009 s’han posat en servei tres noves deixalleries al Camp de Tarragona.

Per últim, la fracció resta, és a dir, aquells residus que no es recullen selectivament, ha minvat al 2009 al Camp de Tarragona i s’ha situat en les 261.870 tones, el que representa una caiguda del 6,9% d’aquesta fracció dels residus.

Font: Sala de Premsa GENCAT

El parlament admet a tràmit la IP per un referèndum oficial sobre la independència

El ple del Parlament de Catalunya ha admès avui a tràmit la Iniciativa Popular (IP) per fer un referèndum oficial sobre la independència de Catalunya, gràcies als vots favorables de CiU, ERC i ICV-EUiA. Uriel Bertran, un dels promotors de la IP, n'ha destacat a Vilaweb la 'transcendència històrica' i s'ha mostrat molt satisfet. Un cop admesa a tràmit, els promotors disposen ara de sis mesos per a recollir, com a mínim, les 220.000 signatures necessàries per tal que el parlament convoqui un ple en què es votarà la convocatòria d'un referèndum oficial sobre la independència.

Un cop els promotors aconsegueixin les signatures necessàries, el parlament haurà de convocar el ple, i serà aleshores quan quedarà en mans dels diputats aprovar o no la convocatòria d'un referèndum. La pregunta del referèndum seria: 'Esteu d'acord que el Parlament de Catalunya porti a terme les iniciatives necessàries per a fer efectiva la voluntat popular, per tal que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social integrat en la Unió Europea?' I els votants haurien de triar entre 'sí' o 'no'.

Ara, la paraula final la tindria el govern espanyol, que 'haurà de dir si deixa que la gent pugui votar o ens nega aquest dret', tal com va dir Alfons López-Tena en la presentació de la IP al parlament.

Font: VILAWEB