Los miembros del Tribunal Constitucional han actuado con una asombrosa irresponsabilidad. Han preferido dictar sentencia a pesar de haber perdido toda legitimidad, a pesar de los mandatos caducados, de las recusaciones y de la extrema politización del Tribunal. Y lo han hecho a escasos meses de las elecciones catalanas y coincidiendo con una gravísima crisis económica. La sentencia no sólo no resuelve ningún problema sino que abre una nueva etapa caracterizada por el conflicto y la inestabilidad. Tanto el PSOE como el PP han coincido, tras darse a conocer la sentencia, en querer pasar página, en dar por cerrada la carpeta del Estatut. Objetivo cumplido, se ha cerrado el proceso de descentralización, llegó a decir Zapatero. Pues no, más de un millón de voces dejaron claro en la manifestación del 10 de julio que la sociedad catalana no acepta la sentencia, que no se resigna a un Estatut mutilado.
El menaje del Tribunal es claro: Catalunya, tal cómo la sienten la mayoría de sus ciudadanos, y su autogobierno, tal como fue aprobado, no caben en la Constitución. Si la mayoría de la sociedad catalana se siente fuera de la Constitución el sistema político español vivirá una situación de inestabilidad permanente.
Muchos ciudadanos y ciudadanas se preguntan: ¿y ahora qué?, ¿cuál es la salida? En mi opinión sólo hay una salida: restituir el Estatut, el pacto entre Catalunya y el Estado en todos sus términos. Se trata de recuperar buena parte de los contenidos del Estatut mediante reformas legislativas y acuerdos políticos de diferente tipo para garantizar las competencias de la Generalitat. Para ello es necesario un pacto por el autogobierno, el mínimo común denominador de las fuerzas catalanistas, para ser negociado con el Gobierno del Estado. Pero que no se equivoque Zapatero, las buenas palabras sin contenidos ni calendario no sirven. Es necesario un plan de actuación concreto y una ley global que reúna los diversos contenidos del Estatut que se puedan recuperar por esta vía.
Pero hay otras cuestiones que sólo pueden resolverse mediante una reforma de la Constitución -después de una interpretación tan restrictiva de la misma-, cómo el reconocimiento de la diversidad nacional del Estado, la igualdad de derechos y deberes de los hablantes de las cuatro leguas oficiales, la descentralización efectiva de la justicia, una distribución competencial que garantice realmente las competencias autonómicas o la participación de las CCAA en las decisiones y organismos del Estado a través de un Senado que sea una verdadera cámara de representación territorial.
La sentencia pone fin a los intentos de realizar una lectura federalizante de la Constitución. La única forma de acomodar la diversidad nacional de España y de garantizar más autogobierno para las comunidades autónomas y mejor gobierno compartido del conjunto del Estado es mediante una reforma de la Constitución en un sentido federal y plurinacional.
Las invocaciones a la España plural no pueden esconder la evidencia de una sentencia que pretende establecer una idea de España que deja fuera a una parte de los ciudadanos que aprobaron la Constitución. Se acabó hablar retóricamente de federalismo cómo hacen los socialistas catalanes, ahora es necesario plantear seriamente la reforma de la Constitución, el pacto federal como única vía para recuperar el pacto constitucional que la sentencia ha roto. Es necesario articular un movimiento en Catalunya y en toda España a favor de la vía federal. Catalunya lideró la construcción del Estado de las autonomías durante la Transición y ahora debe liderar la construcción del Estado federal.
Pero hay que plantear seriamente que sucede si se agotan todas las posibilidades, sino no hay respuesta a las demandas de Catalunya por parte del Estado, si se consolida una autonomía de baja intensidad. En este caso y si una mayoría clara de la sociedad catalana respalda esta opción, las instituciones catalanas legítimamente deberán lidera el proceso para ejercer el derecho democrático a decidir el futuro de Catalunya. Deberán impulsar un gran debate nacional, siempre con el objetivo de mantener la cohesión social, para ejercer el derecho de la autodeterminación.
Después de más de treinta años de democracia y de Estado de las autonomías ha llegado el momento de afrontar seriamente el debate federal.
Joan Herrera
Secretari General d'ICV i diputat del "Congreso de Diputados".
secretari general d'ICV
Publico (20/07/2010)
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